En el escrito dirigido al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, los legisladores señalaron que Lijo “ha cometido severas irregularidades en el ejercicio de su cargo como magistrado federal, algunas de las cuales podrían incluso configurar delitos penales”, en ese contexto aseguraron que “Un mal juez federal es un pésimo candidato y no puede ser considerado apto para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
El texto -que lleva las firmas de Carrió y los diputados Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Maximiliano Ferraro, María Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade– plantea que Lijo “no reúne las condiciones vinculadas con el requisito de independencia que debe cumplir todo juez y su cuestionamiento público ante graves sospechas de observar conductas reñidas con la transparencia y la ética inciden negativamente en los niveles de confianza que los ciudadanos tienen en la administración de justicia, lo que facilita que se asocie a los magistrados con la protección de actividades relacionadas con el delito”.
Los diputados de la CC señalaron que “La nominación de un abogado/a para desempeñarse como ministro de la Corte Suprema reviste suma relevancia institucional toda vez que, como es sabido, dicho órgano es la cabeza del Poder Judicial” y, en ese sentido, insistieron que el magistrado “ha tenido severos cuestionamientos públicos referidos a su falta de ética e independencia en su desempeño como juez federal por lo que, a nuestro entender, no reúne las cualidades exigidas para ocupar la más alta Magistratura de la Nación”.
En la impugnación, agregaron que a ello “se suman una serie de inconsistencias patrimoniales que evidenciarían un posible enriquecimiento ilícito del candidato. Por lo demás, y en lo que refiere a la idoneidad técnica y jurídica requerida, entendemos que el candidato tampoco cumple con este requisito toda vez que carece de la formación jurídica necesaria para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Sobre esto último, los cívicos calificaron como “magra y endeble” la “formación profesional y académica del juez Ariel Oscar Lijo, que no trasciende las fronteras de su título de grado, junto con sus únicos estudios cursados de posgrado, en el marco de una carrera de especialización en administración de justicia de 540 horas cátedra, cursada por el candidato hace casi 25 años”.
Al enumerar los argumentos, Carrió y compañía recordaron una denuncia en contra de Lijo, realizada en 2018 por la líder de la CC, en la que se lo investigó como posible integrante de una asociación ilícita y recordaron que “En dicha denuncia se señaló que Alfredo Lijo, junto a su hermano, el juez federal Ariel Lijo, formarían parte de un entramado destinado a garantizar la impunidad de distintos funcionarios públicos involucrados en causas de corrupción y que, como consecuencia de eso, ambos se habrían enriquecido ilícitamente.
Cabe destacar que la denunciante acompañó prueba documental y solicitó que se produjeran varias medidas de prueba”.
Los legisladores subrayaron que “pese a la gravedad de las circunstancias denunciadas, ninguno de los imputados fue indagado y, en silencio, la causa fue archivada por el juez Ercolini, con el aval del fiscal Picardi, quien tenía delegada la investigación. Luego de ello, se presentó como abogado defensor el Dr. Mariano Cúneo Libarona, a instar el sobreseimiento del Sr. Alfredo Lijo, petición que le fue concedida por el magistrado. Este ‘detalle’ no es menor ya que, quien ha ejercido la defensa de los hermanos Lijo, hoy se desempeña como ministro de Justicia de la Nación y en ese carácter, en representación del Poder Ejecutivo, promueve la candidatura de su ahijado procesal a juez de la Corte Suprema”.
Carrió y su tropa de legisladores explicaron que “pese a que públicamente ha trascendido que el juez Ariel Oscar Lijo habría sido sobreseído, cabe señalar que resulta al menos llamativo que pese a que fueron varias las personas denunciadas, entre ellas el candidato Lijo, solamente se conozca públicamente la resolución del año 2021 que dispusiera el sobreseimiento del hermano del magistrado y no del resto de los consortes de causa”.
En el escrito se cuestiona además la actuación de Lijo en las causas YPF, Siemens, la que investiga la posible comisión de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y en una causa iniciada por una denuncia de la tabacalera Sarandí.
También objetan su “vinculación con el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti”, magistrado contra el que la Coalición Cívica sí impulsó el juicio político; y mencionan la denuncia realizada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ante el Consejo de la Magistratura contra Lijo por mal desempeño de su cargo.
Fuente: parlamentario.com
wdm.
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