En
particular, la presentación pretende la declaración de
inconstitucionalidad de los Artículos 1° -que ratifica los Decretos N°
28/2023, 1453/2023, 2118/2023 y 2244/2023, cuestionando puntualmente los
Artículos 3° y 5° del Decreto 1453/2023, el Artículo 5° del Decreto
2118/2023 y 4°, 7°, 38°, 39°, y 43° de su Anexo I, y los Artículos 2° y
3° del Decreto 2244/2023-, 2° y 3° de la Ley 3946-A, así como del
Artículo 4° de la Ley 3947-A. A su vez, también se solicita que se haga
lugar a una medida cautelar de suspensión de la aplicación y efectos de
los artículos mencionados de las citadas normas hasta que se resuelva la
cuestión de fondo.
Esto se da luego de los Decretos N° 394/24 y
N° 505/24, a través de los cuales se instruyó al Fiscal de Estado a
promover la acción de inconstitucionalidad y la medida cautelar.
En
la presentación judicial se resalta que “si bien los decretos y las
leyes -en los artículos hoy cuestionados- prima facie y en abstracto se
vislumbraban acordes a la normativa constitucional, aparentando
encuadrar en las facultades de reglamentación propias del Poder
Ejecutivo y potestades del Poder Legislativo al disponer las pautas de
cómo se iba a llevar adelante un concurso para el ingreso a la planta
permanente del Estado Provincial, debemos decir que confrontados los
mismos a la luz de los informes técnicos elaborados por las distintas
áreas del Poder Ejecutivo en base a los acontecimientos suscitados, lo
que culminó con el dictado del Decreto N° 374 de fecha 27 de marzo de
2.024 declarando la nulidad absoluta del Acta N° 2 del Tribunal
Examinador y de todos los actos posteriores y subsecuentes que se
hubieran producido en el procedimiento del Concurso en virtud de graves
irregularidades y con los Decretos N° 394/2024 y N°505/2024 que
instruyen a la promoción de la presente acción, se ha demostrado que -en
la aplicación concreta- surge la contradicción con cláusulas
constitucionales desvirtuándose la esencia del proceso concursal”.
Tras
la acción interpuesta por la Fiscalía de Estado, ahora corresponderá al
máximo tribunal provincial resolver la cuestión planteada.
Fiscalia de Estado del Chaco.
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